Cooperativas agro-alimentarias Castilla-La Mancha Avenida de Criptana, 43 13600 Alcázar de San Juan - Tel: 926545200

El pasado día 20 de mayo se presentaron por parte de la Comisión Europea dos comunicaciones muy importantes para el sector agroalimentario y para su futuro: la Estrategia de la Granja a la Mesa y la Estrategia de Biodiversidad.

Estas dos estrategias son las que concretan el Pacto Verde Europeo (del que les hablamos en el anterior número de esta revista) en el sector agro-alimentario de la Unión Europea, es decir, son la traducción de las exigencias del Green Deal al campo europeo.

Aunque parezcan conceptos algo “elevados”, las estrategias conllevarán en breve exigencias concretas para los agricultores en, por ejemplo,  el uso de fertilizantes, de fitosanitarios, en muchas prácticas de cultivo etc., y, por supuesto, condicionarán fuertemente las ayudas directas a la agricultura y la ganadería, como explicamos a continuación. 

La estrategia “de la Granja a la Mesa” (cuyo acrónimo en inglés es F2F, de “Farm to Fork”), al ser una “comunicación”, hablamos de un documento político, que marca unos objetivos generales, y que debe validarse por el Parlamento Europeo y por el Consejo. Una vez acordado dará lugar a propuestas de Reglamentos (que deberán o trasponerse o serán directamente aplicables).

La estrategia “de la Granja a la Mesa” marca una serie de objetivos para crear una cadena alimentaria que funcione correctamente para los consumidores, los productores, el clima y el medio ambiente; buscando garantizar la seguridad alimentaria, pero mediante una producción sostenible. Esta estrategia también pretende promover el consumo sostenible de alimentos y facilitar la transición a dietas saludables.

Otros de los objetivos son: reducir la pérdida y el desperdicio alimentario, luchar contra el fraude, y muy importante, implantar reciprocidad y competitividad con las producciones de otros orígenes del mundo que quieran entrar en el mercado europeo (reciprocidad en las normas de sostenibilidad). En cuanto a este último aspecto, es la primera vez que este tema se marca en un documento europeo y, aunque no será de fácil aplicación, al menos se refleja formalmente y se tendrá que traducir en normas europeas escritas.

Algo muy importante de esta estrategia es que viene a cuantificar los objetivos que debe conseguir la aplicación de la nueva PAC 2023-2027. La nueva PAC, como ya hemos explicado en otros artículos, se establecerá mediante “Planes Estratégicos” que debe diseñar cada país, planes constituidos por distintos tipos de “intervenciones” (un sistema concreto de ayudas se puede entender como una intervención), y esas “intervenciones” deben alcanzar unos objetivos cuantificados después de aplicarse durante varios años. La estrategia F2F es la que pone estas cifras objetivo de la PAC.

¿Y cuáles son? De cara al año 2030, las siguientes:

  • Reducir el uso global en la UE de los plaguicidas químicos en un 50%, así como el uso de los plaguicidas más peligrosos en un 50% de aquí a 2030. Se revisará la Directiva sobre el uso sostenible de los plaguicidas y las disposiciones relativas a la Gestión Integrada de Plagas (GIP), y se promoverá un mayor uso de métodos alternativos. Serán de vital importancia las prácticas agrícolas que reduzcan el uso de plaguicidas a través de la PAC, y los planes estratégicos deberían reflejar esta transición y promover el acceso a asesoramiento a los agricultores para lograrlo.

En este aspecto es fácil suponer (se trata solo de una suposición de quien redacta el artículo, pero basada en la experiencia de varias reformas de la PAC) que la condicionalidad nueva de las ayudas implantará cierta reducción del uso de plaguicidas, y por supuesto las nuevas ayudas voluntarias de la PAC llamadas “eco esquemas”, seguro que contemplarán ingresos adicionales para las explotaciones que se comprometan a reducciones cuantitativas de aportes de fitosanitarios.

  • Se deberán reducir el uso de fertilizantes en al menos un 20% de aquí a 2030. La Comisión actuará para reducir las pérdidas de nutrientes en los suelos en un 50% como mínimo, garantizando al mismo tiempo que no se deteriore la fertilidad del suelo. Esto se llevará a cabo, según la propia Comisión, de nuevo con medidas que los Estados miembros incluirán en sus planes estratégicos de la PAC, como la herramienta de sostenibilidad agraria para la gestión de nutrientes, inversiones, servicios de asesoramiento. Suponemos que también afectará este objetivo a la redacción de las ayudas voluntarias a los eco esquemas, y de hecho en las primeras propuestas del MAPA ya se contempla la reducción del aporte de abonos de síntesis como uno de los eco esquemas.
  • La Comisión tomará medidas destinadas a reducir la venta general de antimicrobianos (antibióticos) en la UE para animales de granja y de acuicultura en un 50% de aquí a 2030.
  • La Comisión ha fijado el objetivo de que al menos el 25% de las tierras agrícolas de la UE se utilicen en agricultura ecológica de aquí a 2030, basándose en las premisas de que el mercado de alimentos ecológicos seguirá creciendo, y en que es preciso continuar fomentando la agricultura ecológica, porque tiene un impacto positivo en la biodiversidad, crea empleo y atrae a jóvenes agricultores. También está presuponiendo que los consumidores reconocen su valor y están dispuestos a renumerar el mayor esfuerzo económico y técnico que supone en las explotaciones agrarias.

Como vemos los eco esquemas (en el argot de los reglamentos se llaman nuevos«regímenes ecológicos») serán una fuente de financiación importante para impulsar las prácticas sostenibles. De hecho, el documento F2F establece que todos los Estados miembros tendrán que garantizar que dentro los planes estratégicos de la PAC de cada país, el presupuesto que se dedique a los eco esquemas sea suficiente, por lo que es probable que se incluya un mínimo de dedicación presupuestaria a los mismos.

También en la estrategia “de la granja a la mesa” se habla de la modulación de las ayudas que nos espera en la nueva PAC (a partir del euro 60.000 se empiezan a reducir las ayudas, y en 100.000€ está el tope de percepción según el borrador de reglamento, limites que se pueden ampliar en los costes laborales y sociales de la explotación). Y cita textualmente que “el requisito de mejorar la eficacia y la eficiencia de los pagos directos fijando límites máximos y orientando mejor la ayuda a los ingresos hacia los agricultores que más la necesitan y que cumplen la aspiración ecológica, en lugar de otorgarla a las entidades y empresas que simplemente tienen la propiedad de la tierra, sigue siendo un elemento esencial de la futura PAC”.

Por otro lado, en esta estrategia también existe un apartado importante sobre la alimentación de la población europea, y que está “demonizando” las producciones ganaderas europeas, lo que es un error según el parecer del sector cooperativo (especialmente el ganadero). El documento de estrategia afirma que es “fundamental invertir el aumento de los porcentajes de sobrepeso y obesidad en toda la UE de aquí a 2030, y que el paso a una dieta basada más en los vegetales con menos carne roja y transformada, y con más frutas y verduras reducirá el riesgo de enfermedades con peligro para la vida, sino también el impacto medioambiental del sistema alimentario”. De manera que, directa o indirectamente, achaca a la actividad ganadera el riesgo de enfermedades mortales y un impacto medioambiental negativo, obviando cifras de contenidos nutricionales aconsejados en las dietas por un ambiguo “dieta basada más en….”.

Además de la consideración anterior sobre las dietas, hacemos alguna otra consideración crítica y bastante evidente a esta estrategia, y es que no “baja” al lenguaje del mercado; se basa en premisas de consumo sostenible y responsable por parte del consumidor que no están fundamentadas en estudios precisos, sino en expectativas muy voluntaristas, incluso un poco ingenuas, obviando que es el mercado y su dura realidad la que fija las reglas.

El sector agroalimentarias plantea un debate sobre evidencias científicas en las que basar medidas tan impactantes como la necesidad de reducción de un 50% de fitosanitarios (la mera posibilidad de poner en peligro la seguridad productiva y alimentaria con dicha reducción merece un estudio profundo antes de llevarlo a cabo). Las políticas públicas no se pueden fundamentar en actos “de fe” ante ciertas premisas que, si bien pueden ser adecuadas como principios rectores, deben matizarse para alcanzar su aplicación práctica en función de estudios detallados.

Es cierto que existe un debate dialéctico – y una contraposición real – entre sostenibilidad económica y ambiental.  Cuando los consumidores contestan en su mayoría en encuestas que estarían dispuestos a cambiar a consumo de productos más sostenibles, incluso si fuesen mas caros, contestan sin tener delante la elección en su supermercado entre un producto y otro con distintos precios; esta es la verdadera encuesta que día a día afrontamos los productores y la industria agroalimentaria. En un horizonte de crisis económica y restricciones, la respuesta en la compra real distará mucho de las buenas intenciones. Y eso las autoridades europeas no lo deben ni pueden olvidar. El sector agroalimentariovive de la rentabilidad económica de sus producciones, hecho este muy complejo en la cadena agroalimentaria actual, y las leyes per se no cambian las realidades si no se acompañan de políticas adecuadas que no atisbamos en esta comunicación.