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Por fin han finalizado los diferentes procesos electorales a los que hemos sido convocados los ciudadanos para elegir a nuestros representantes a nivel europeo, estatal, autonómico y municipal, y aunque quedan algunas incertidumbres por resolver, lo cierto es que ya tenemos configurados la mayor parte de los equipos de Gobierno que regirán los próximos cuatros años de legislatura.

Así ha ocurrido en nuestra Comunidad Autónoma, en la que ya disponemos de un Gobierno sólido y estable fruto de la mayoría absoluta obtenida en las Cortes de Castilla-La Mancha y que es la expresión de la mayoritaria apuesta de los castellano-manchegos por dar continuidad a las políticas y a las formas de hacer desarrolladas en la legislatura anterior. Desde el cooperativismo agroalimentario regional no nos queda más que dar la enhorabuena al nuevo Gobierno, ponernos a su disposición desde la lealtad institucional que siempre nos ha caracterizado y desearle la mayor de las suertes en la gestión política de los intereses públicos de Castilla-La Mancha. Su suerte será nuestra suerte.

Los próximos cuatro años, claves para el sector

Pero también es el momento de recordarles que ha llegado el momento de ponerse manos a la obra. Los próximos cuatro años serán clave para los intereses de todo el sector agroalimentario, especialmente por lo que respecta a la definición de la próxima Política Agraria Común que llega a la recta final de su negociación.

Hay mucho en juego, tanto por el presupuesto global que finalmente llegue a nuestro país, como también para lograr los objetivos fijados por todos el sector agroalimentario castellano-manchego: conseguir la mayor convergencia posible de los pagos directos que llegan a nuestra región respecto a los que reciben otras regiones de España y de la Unión Europea; lograr la mayor protección de nuestro olivar tradicional, girasol o la ganadería extensiva; disponer de herramientas legales suficientes que, sin entrar en colisión con las normas de la competencia, permitan arbitrar medidas de regulación de mercado que ayuden a controlar las fluctuaciones en los mercados; conseguir una diferenciación positiva para las cooperativas como cauce natural para poner al agricultor en los mercados de valor; y, cómo no, un nuevo programa de Desarrollo Rural que ayude al impulso de nuestro territorio y que sea una herramienta clave para la lucha contra la despoblación de nuestro medio rural.

Agua

También será un periodo clave para las políticas del agua. Por primera vez en la historia de la región, el agua pasa a formar parte de la denominación de una de las Consejerías del Gobierno regional y ello entendemos es consecuencia de su apuesta decidida por conseguir que el agua, utilizada de manera racional y sostenible, sea el verdadero motor de desarrollo económico y social de nuestra región. No hay agricultura competitiva sin agua, no hay industria agroalimentaria sin agua, no hay lucha contra la despoblación sin agua. Y todo ello debe ser compatible con el desarrollo sostenible de nuestra región, claro que sí. Uno de los grandes retos de la nueva Consejería de Desarrollo Sostenible será precisamente lograr el equilibrio entre la sostenibilidad medioambiental, la social y la económica de la región.

Pero todos estos retos y otros muchos más (incorporación de jóvenes, políticas de igualdad de género, etc.) no podemos dejarlos bajo la exclusiva responsabilidad de las administraciones públicas correspondientes. No. Los agentes que conformamos la sociedad civil de esta región y, en especial, los que habitamos en el sector agroalimentario, debemos demostrar nuestra capacidad para generar consensos y acuerdos que faciliten y orienten la labor de nuestros políticos. Ello es posible, lo hemos demostrado hace poco tiempo en aspectos tan importantes para nuestra viticultura como la propuesta de Norma de Comercialización que ha logrado el consenso de las tres organizaciones profesionales agrarias y las cooperativas y que fruto de ello, se ha elevado a instancias estatales para en breve, esperemos, vea la luz. Estamos seguros que en estos próximos cuatro años lograremos grandes consensos en el sector y ello redundará en una mejor defensa de los intereses de nuestros asociados y, por supuesto, ayudará a hacer mejor política a nuestros gobernantes.

En los últimos años y a colación de diferentes medidas adoptadas por la administración regional y estatal, se han vuelto a escuchar voces críticas que cuestionan el trato diferenciado que se da a las cooperativas agroalimentarias respecto a otros modelos de empresa, considerando que se está generando una indebida situación de privilegio para aquéllas y una desventaja competitiva para el resto de empresas que concurren en el mercado.

Primacía de las personas sobre el capital

Es evidente que quiénes realizan ese tipo de afirmaciones desconocen la realidad del modelo cooperativo y los valores que legitiman de su trato diferenciado. Y es que en las cooperativas, a diferencia de otras empresas, se constata la primacía de las personas sobre el capital, del interés general del colectivo sobre el interés particular de cada socio, el control democrático de la actividad ejercido por los propios agricultores socios, la puerta abierta a la entrada de nuevos socios o la redistribución de los beneficios entre los socios en proporción a su participación en la actividad cooperativizada, beneficios que, dicho sea de paso, siempre quedan en el propio territorio y no se deslocalizan.

Legitimación en la Constitución Española

Estos valores son los que legitiman que el artículo 129 de la Constitución Española haya establecido la obligación de los poderes públicos de fomentar, mediante una legislación adecuada, las sociedades cooperativas. Mandato que se ve completado con el previsto en el artículo 130 de la Carta Magna que ordena a los mismos poderes públicos que atiendan la modernización y desarrollo de la agricultura y la ganadería a fin de equiparar el nivel de vida de todos los españoles.

Las cooperativas tienen contraprestaciones, que no tienen otro tipo de sociedades

Consecuencia de este mandato constitucional, los poderes públicos han dotado a las cooperativas de una legislación específica, de un régimen fiscal propio y de un tratamiento diferenciado en la mayor parte de las subvenciones dirigidas al sector agroalimentario. Por el contrario, no olvidemos que sobre las cooperativas también pesan limitaciones o contraprestaciones que las mismas deben realizar para poder mantener su esencia cooperativa: dotaciones obligatorias a fondos irrepartibles, limitaciones a sus operaciones con terceros, restricciones a la hora de actualizar del valor de las aportaciones a capital social o normas singulares en caso de disolución y liquidación de la cooperativa que impiden el reparto de las plusvalías patrimoniales generadas con el paso de los años.

¿Qué sería de la agricultura y de los agricultores sin sus cooperativas?

Y es que a diferencia de otros modelos societarios, el cooperativismo agroalimentario se configura como una empresa colectiva, resultante de la agrupación de cientos o miles de empresarios agrarios individuales que se unen para defender mejor sus intereses, captar el mayor valor añadido posible a las cosechas, dar seguridad a los agricultores a la hora de poner sus productos en el mercado, produciendo un efecto regulador en el mercado tanto en el valor de las materias primas que aportan como en la adquisición de los insumos necesarios para ejercer su actividad (carburantes, fertilizantes, fitosanitarios, etc.). Qué sería de la agricultura y de los agricultores, sin las cooperativas; algunos ejemplos recientes hemos tenido en determinadas zonas de la región y los resultados no han sido precisamente buenos.

Socialización de las ayudas pública

Y por supuesto, las cooperativas permiten optimizar el dinero destinado a las ayudas públicas, claro que sí. Mientras que el empresario individual accede a las ayudas públicas para su legítimo beneficio propio e individual, la empresa cooperativa, aun accediendo a mayores importes de ayuda, sus beneficiarios lo serán los centenares o miles de socios empresarios agrupados en torno a la empresa común. Un euro de subvención concedido a un empresario individual supone en proporción más ayuda que ese mismo euro concedido a una cooperativa formada por cientos o miles de agricultores socios. Y con esta misma lógica pero llevada más allá, se justifica que se incentiven de manera singular aquellos proyectos realizados por cooperativas que dan un paso más en el compromiso por la integración empresarial como lo son las entidades asociativas prioritarias (EAP y EAPIR) o las agrupaciones de productores (AAPPaa). A más integración, mayores agricultores beneficiarios y mayor eficiencia en la utilización de las ayudas públicas.

Por tanto, nada más lejos de la realidad considerar tales singularidades como privilegios del modelo cooperativo frente a otros modelos de empresa. Simplemente es la expresión del tratamiento diferente que merecen realidades diferentes.

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Cooperativas ACLM

Vivimos una nueva realidad social que implica adoptar un nuevo comportamiento estratégico a través de la Responsabilidad Social Corporativa o Empresarial (RSC), que contempla los impactos económicos, sociales y ambientales derivados de la actividad que llevan a cabo las cooperativas.

Implica un compromiso renovado de la cooperativa por la comunidad, por su entorno y con sus diferentes públicos de interés. No se trata de algo “tangible”, sino de un intangible de gran valor, que supone un compromiso social, trabajar por la comunidad, ir más allá de la propia labor productiva de las cooperativas y atender necesidades de la población, de los propios socios, de sus mayores, sus hijos…, implicarnos en el conjunto de la sociedad con trabajos por y para los demás que tengan una repercusión sin duda positiva en nuestra cooperativa y nuestros intereses sociales.

La RSC se adentra en una nueva forma de hacer negocios donde se produce una evolución del concepto de venta: permite definir qué vender, a quién venderlo y cómo venderlo. No todo lo que se vende es producto o servicio que sale de la comercialización de la cooperativa.

Estas son las ventajas de incorporar la RSC en tu cooperativa:

1. La Responsabilidad Social Corporativa (RSC) es valiosa porque permite que la sociedad asigne un valor positivo a las actividades de la cooperativa.

2. La RSC asegura un mejor capital humano, al existir un mayor compromiso con los valores de la cooperativa.

3. La transparencia y el buen gobierno corporativo permiten acceder a una financiación más equilibrada.

4. La RSC tiene un reconocimiento creciente en el mercado. La marca importa y esto va más allá de la marca.

5. La RSC tiene un reconocimiento público. Calidad, medio ambiente, RRHH, marketing, estrategia comercial, comunicación, compromiso con la base social…, todo tiene que ser amparado bajo un mismo paraguas de RSC.

Algunos de tus competidores, actuales o futuros, ya trabajan en esta dirección… ¿a qué estás esperando? ¿Quieres estar dentro o fuera de este modelo?

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Sostenibilidad

Por Lola Gallego, responsable del Departamento de Formación de Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha

El aprendizaje es inherente al ser humano, desde que nacemos vamos evolucionando a base de adquirir conocimientos y habilidades que nos capacitan para desenvolvernos en la vida.

El aprendizaje tiene lugar en distintos contextos, de pequeños aprendemos básicamente en el entorno familiar, cuando empezamos el cole entramos en el ámbito educativo, etapa que se prolonga hasta lograr la cualificación necesaria para acceder al mercado laboral y, una vez en él, continuar aprendiendo desde un punto de vista más práctico.

Recurro a un ejemplo cotidiano, como es el uso del móvil, para visualizar la importancia de la formación en cualquier contexto, si por cualquier motivo cambiamos uno por otro, es imprescindible que aprendamos a manejarlo adecuadamente, este aprendizaje nos capacitará para usarlo de forma eficiente.

Esto ocurre en todos los ámbitos, principalmente en el laboral, en el que es necesaria la formación continua con objeto de mejorar nuestra cualificación y lograr ser los mejores profesionales que podamos llegar a ser para hacer mejor nuestro trabajo, siendo más eficientes y más eficaces.

Las empresas son las beneficiarias directas de la cualificación de su personal, por tanto, son las primeras interesadas en “invertir” en la formación de sus trabajadores y trabajadoras para que sus empresas sean más competitivas y más rentables, fin último de cualquier actividad empresarial.

Da igual el sector de actividad en el que actúe la empresa, la formación es una necesidad horizontal y permanente, en continua evolución, como la vida misma.

Recientemente en el “Foro internacional de Jóvenes Cooperativistas” al que hemos asistido en Valencia con un grupo de jóvenes de Castilla-La Mancha, en el que participaron cooperativistas de varios países de la Unión Europea, quedó patente que cada generación va estando mejor preparada pero que hay margen de mejora y es imprescindible seguir apostando por la formación.

Suelo citar a Henry Ford, fundador de la automovilística Ford, en 1903, cuando decía “Solo hay algo más caro que formar a las personas y que se marchen: no formarlos y que se queden”.

¿Inversión o gasto?

No me gusta considerar “gasto” las cantidades dedicadas a formación; se trata, sin duda, de una “inversión”, es necesario que las empresas inviertan en la formación de sus trabajadores/as, inversión que rentabilizarán mejorando su productividad y eficiencia.

Pero para quién vea esta inversión como gasto, también hay una forma de gestionarla para anular o minimizar este impacto, me explico:

Cuando se trate de formación dirigida a los trabajadores de la cooperativa o empresa, la formación puede gestionarse para que ese presupuesto se deduzca en los seguros sociales, utilizando los créditos de formación disponibles para las empresas que coticen por formación profesional “formación programada” gestionada por la FUNDAE (Fundación para la Formación en el Empleo).

Y además, en el caso de las cooperativas, pueden enmarcar los costes de formación en su “Fondo de Educación, Formación y Promoción”, fondo que, en ocasiones, cuesta utilizar y que sería ideal que se dedicara a la formación de socios/socias y trabajadores/as.

Por lo tanto, no es necesario condicionar la puesta en marcha de acciones formativas a la disponibilidad de subvenciones para tal fin. Si las hay ¡estupendo! Hay que aprovecharlas, pero lo deseable sería que las cooperativas/empresas programasen la formación que resulte necesaria para sus trabajadores/as y socios/as y, a posteriori, estudiar opciones de financiación, y no al revés.

Otro factor esencial en este proceso es la “motivación”, es imprescindible que “jefes/as” y “trabajadores/as” tengan razones para formar y/o formarse, razones que pueden ser de todo tipo y que dependen de motivos internos y/o externos según la persona de que se trate. Pero sin duda, detrás de una acción siempre hay un motivo y es importante crear climas laborales donde se generen “ganas” de aprender y hacer mejor nuestro trabajo.

Tampoco tenemos que esperar a que la motivación venga de fuera, tenemos que ponernos las pilas y automotivarnos, como reto personal y necesario para evolucionar en el ámbito personal y laboral.
Porque la formación no sólo tiene que ser técnica y específica en determinadas materias, también hay que buscar formación que mejore el estado psicológico de las personas para que se sientan bien y estén en óptimas condiciones para centrarse en el trabajo y hacerlo bien.

El “buen rollo” se transmite, el malo, también.

¿Qué preferimos?, ¿trabajar en un ambiente positivo o en uno negativo?

¿En cual rendiremos más y mejor?

La formación también nos ayuda a crear climas laborales donde la gente esté contenta, motivada y con ganas de darlo todo.

¿Te animas?

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Formación

Por Carmen Vallejo, portavoz de la Comisión de Igualdad de Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha

Entre los 17 objetivos de la Agenda 2030 se sitúa la Igualdad de Género, que es, sin duda, una de las cuestiones más importantes. En dicha Agenda la visión del futuro de mujeres y niñas es que avancen en su empoderamiento, que les permita tener igual acceso a una educación de calidad, a los recursos económicos y a la participación política, así como las mismas oportunidades que los hombres y los niños en el empleo, el liderazgo y la adopción de decisiones a todos los niveles. Este objetivo me ha hecho reflexionar sobre el papel de la mujer en relación a dos temas claves: por un lado, el despoblamiento de las zonas rurales y por otro, la era digital que ha venido para quedarse. Me surgen dos cuestiones claves: ¿Cómo evitar el despoblamiento en el medio rural? y ¿el futuro de la tecnología digital en el sector agroalimentario?

ODS ONU

Para evitar el despoblamiento de tanto municipios rurales, distintas asociaciones y federaciones de cooperativas agroalimentarias están poniendo en valor que las mujeres, jóvenes y niñas, somos parte activa e imprescindible del emprendimiento rural, avanzado en el acceso a puestos de dirección en cooperativas agroalimentarias, incorporando nuevos talentos y liderazgos para generar ideas creativas para diversificar los servicios y la comercialización de los productos agroalimentarios, en definitiva revitalizando y generando riqueza para la población del medio rural.

En esta línea, iniciativas como el Reglamento del Parlamento Europeo, que ha aprobado que la despoblación sea un criterio para repartir los fondos de cohesión, “con el Reglamento aprobado por la Eurocámara se regirán el gasto de las regiones, de los fondos de cohesión y social en el periodo 2021-2027 busca mantener el nivel de inversión y aumentar el apoyo a las zonas menos desarrolladas”, son sin duda bienvenidas.

congreso tratada

En cuanto a la incorporación de las tecnologías digitales en el ecosistema agroalimentario, estas pueden favorecer a que el ámbito rural sea atractivo y se cumplan las expectativas de mujeres, jóvenes y niñas, para desarrollar sus proyectos profesionales y personales. Este hecho se puso de relieve en el Foro de la Innovación en Agricultura 4.0 celebrado en Logroño en mayo de 2018 y desarrollado por la Fundación Riojana para la Innovación donde fui ponente.

También el Smart Agrifood Summit celebrado en junio de 2018, donde se puso de relieve que resulta imprescindible el acceso a la tecnología digital, a una velocidad que permita las conexiones de forma rápida, para incorporar tecnologías como el Internet de las cosas (IoT), Big Data, drones, blockchain o incluso la Inteligencia artificial para predecir condiciones climáticas.
Sería exagerado afirmar que la tecnología digital es la panacea para evitar el despoblamiento del ámbito rural, pero sin duda es un factor catalizador favorable y las mujeres debemos estar ahí.

Para finalizar, como afirma Facundo Manes “Las mismas áreas del cerebro que permiten recordar el pasado son las que usamos para imaginar el futuro”. Por ello, aunque los recuerdos del pasado y las emociones que nos llegan del medio rural son maravillosos, imaginemos por un momento ese futuro 2030 donde la igualdad de género esté más cerca de ser una realidad, se reduzca el despoblamiento, al tiempo que la tecnología digital contribuya a favorecer innovaciones que son tan necesarias para el sector agroalimentario y para el mundo cooperativista.

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Mujer e Igualdad

Por Juan Corbalán. Delegado en Bruselas de Cooperativas Agro-alimentarias de España.

Hoy 1 de febrero entra en vigor el Acuerdo Comercial entre la UE y Japón que empezó a negociarse en 2013 y que finalmente fue firmado por la Comisión Europea y el Gobierno de Japón el 8 de diciembre de 2018. También en diciembre, el Parlamento Europeo ratificó dicho acuerdo dando así su visto bueno para su entrada en vigor. Es un acuerdo en el que la UE durante las negociaciones ha cedido en productos industriales, como los automóviles, para obtener más concesiones en el acceso al mercado japonés de productos agroalimentarios.

Este acuerdo entra dentro de la nueva serie de acuerdos llamados de “nueva generación”, como el CETA, con los que la Comisión Europea quiere dar un nuevo enfoque a la Política Comercial de la UE. Así, estos acuerdos abarcan no solo el comercio entre productos y servicios, sino que incorporan otros capítulos como el cumplimiento de los requisitos de la Organización Internacional del Trabajo, compromisos en la conservación y gestión sostenibles de los recursos naturales, promoción de la Responsabilidad Social Corporativa, etc. y, además, dotan de más transparencia al proceso negociador.

En este acuerdo se ha involucrado desde el primer momento a las organizaciones representativas de los sectores económicos como el agroalimentario, entre ellas Cooperativas Agro-alimentarias de España, pero también a las distintas organizaciones representativas de la sociedad civil.

El acuerdo UE-Japón se convierte así en uno de los acuerdos más importantes del mundo, ya que abarca alrededor de 1/3 del producto interior bruto mundial. Hay que recordar que Japón es la 4ª economía mundial, y en la actualidad es el segundo socio comercial de la UE en Asia, después de China, y el sexto del mundo. Con 127 millones de habitantes con alto poder adquisitivo, (Canadá tiene 35 millones de habitantes) y más de 600.000 empleos en la UE ligados a las exportaciones a Japón, este acuerdo se convierte clave para la UE.

Con estas credenciales Japón tiene un enorme potencial para los productos de calidad agroalimentarios de la UE y en particular, para los productos de España, productos con un alto prestigio mundial por su calidad y seguridad alimentaria. Según datos de la Comisión Europea, cada 1.000 millones de euros generados en exportación crean 14.000 puestos de trabajo, por tanto, el acuerdo creará más empleos en las zonas rurales y contribuirá a la lucha contra la despoblación de dichas zonas.

El acuerdo contempla varios sectores económicos como la industria del automóvil, la farmacéutica, la médica, el transporte y los servicios financieros, telecomunicaciones y licitaciones públicas y por supuesto, los productos agroalimentarios.

Acuerdo beneficioso para el sector agroalimentario

La UE exporta a Japón productos agrícolas por un valor superior a veinte veces lo que Japón exporta a la UE, pero, hasta ahora, las empresas europeas debían hacer frente a muchas barreras comerciales.

Los aranceles de Japón a los productos europeos eran muy altos, un 30%-40% en quesos, 15% en vino, casi 40% en algunas carnes, etc. Con el acuerdo, desde hoy, Japón elimina los derechos de aduana para más del 90% de las exportaciones agrícolas de la UE. Esto hará que nuestros productos sean aún más atractivos para los consumidores japoneses y tengamos un mejor acceso a este apetecible mercado. En el caso del aceite de oliva y la aceituna, que no tenían aranceles, el acuerdo beneficiará las exportaciones, ya que el aceite español ya ha sobrepasado a las exportaciones de Italia que era el primer proveedor en el mercado japonés, y el acuerdo hará que nuestras exportaciones aún tengan más incidencia.

Por citar dos ejemplos, es una oportunidad para el sector de la carne de cerdo y el vino español. España es el primer productor de carne de porcino y este producto es el primero en la lista de exportaciones a Japón, con el acuerdo se reduce el precio mínimo que este país imponía hasta ahora a las importaciones europeas, con un periodo transitorio antes de su total liberalización. En el caso del vino se eliminan los aranceles, y el vino español pasa a tener el mismo acceso al mercado japonés que otros competidores como Chile, algo que desde el sector hemos venido reclamando.

En cuanto al queso y los productos lácteos, se eliminan los aranceles para los quesos curados, tras 15 años de periodo transitorio, y para los quesos blandos se establece un contingente que cubre las actuales exportaciones europeas incrementándose de igual modo que el consumo japonés. Esto hará que los principales países productores de la UE aumenten su exportación descongestionando el mercado interior y, por tanto, una oportunidad también para a los productos lácteos españoles.

Respecto a los productos transformados, pasta, galletas o tomate transformado (España es el segundo productor de la UE), se liberalizan los aranceles tras un periodo transitorio diferente para cada producto.

Además, el acuerdo reconoce el sistema de indicaciones geográficas de la UE, una prioridad para el sector agrario y que la Comisión Europea viene defendiendo en todas las negociaciones. Japón reconocerá más de 200 indicaciones geográficas europeas, entre ellas muchas españolas. La lista se ha elaborado en base al potencial de exportación, (en Europa hay más de 1.000 indicaciones geográficas), estableciendo un mecanismo de incorporación a esta protección para nuevas indicaciones que quieran posicionarse en el mercado japonés. Esta protección significa que un producto no puede venderse en Japón bajo una denominación si no está amparada por ella.

Uno de los temas cruciales para Cooperativas Agro-alimentarias de España en todas las negociaciones comerciales es lo relativo a las barreras no arancelarias y a las medidas sanitarias y fitosanitarias, por los problemas que conllevan de acceso a los mercados. Durante las negociaciones se han identificado una serie de barreras a las que el país nipón se ha comprometido a dar solución, una vez entre en vigor, a las cuestiones de sanidad vegetal y animal y a los requisitos fitosanitarios. Japón además ha ratificado la llamada “regionalización” de las exportaciones en caso de enfermedad animal o vegetal. Esto quiere decir que, si un país por ejemplo tiene la peste porcina africana, Japón no prohibirá la importación de porcino de toda la UE, solamente de las áreas donde exista la enfermedad. Además, se ha comprometido a simplificar los procedimientos de exportación, como el sistema “preclearance” al que se somete a muchas frutas y hortalizas. Además, tanto la UE como Japón no cambian sus normas sanitarias ni fitosanitarias, siguen prohibidos los OGMs y la carne con hormonas tanto en Japón como en la UE.

Cooperativas Agro-alimentarias de España ha trabajado e insistido mucho en lo relativo a las medidas fitosanitarias para lograr un mejor acceso al mercado japonés de frutas y hortalizas, especialmente para los cítricos. En la actualidad cada Estado miembro debe firmar un protocolo de exportación con Japón para poder exportar, con una serie de requisitos que hace poco viable la exportación. Requisitos como una declaración meses antes desde aquellas explotaciones que querían destinarse a la exportación a Japón, las cuales no podrán destinarse a otros países; registro de cada explotación (algo que impide adaptarse al mercado y ser ágil para suplir la demanda); registro de cada contenedor; necesitad de tener tratamiento en frío tanto en origen como en trasporte; si en el puerto japonés encuentran un contenedor con una intercepción de alguna plaga (esté presente o no en Japón) dicho contenedor debe ser destruido o desviado a otro país, etc. Aunque se ha obtenido cierta simplificación en los procedimientos, no se ha obtenido todo lo que solicitamos.

En la colaboración formal que se establece entre la UE y Japón para evaluar dicho acuerdo, seguiremos trasladando la necesidad de simplificar dichos procedimientos, porque son requisitos que la UE no exige a las importaciones de terceros países. Cooperativas Agro-alimentarias de España defiende la reciprocidad en todos los acuerdos y, además, una mayor delegación de los Estados miembro a la UE en exportación ayudaría a concentrar más esfuerzos en este tema durante las negociaciones comerciales.

Como conclusión, globalmente el Acuerdo entre la UE y Japón es un buen acuerdo que beneficiará a las exportaciones de los productos agroalimentarios españoles, pero es necesario aprovechar estas oportunidades para que deje de ser un mercado potencial y pase a ser una realidad. En este sentido, para que los agricultores capten todo ese potencial deben estar asociados en empresas, como las cooperativas, para poder participar y captar el valor generado por esta cadena que produce el mercado japonés. Si no es así, los agricultores serán meros proveedores de materia prima y no se beneficiarán del acuerdo. Ahora toca aprovechar estas oportunidades.