Cooperativas agro-alimentarias Castilla-La Mancha Avenida de Criptana, 43 13600 Alcázar de San Juan - Tel: 926545200

Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha, a través de nuestra Fundación CooperActiva, comenzó hace más de 10 años a trabajar comprometidamente por la participación activa de la mujer en el cooperativismo agroalimentario de nuestra Comunidad Autónoma.

Durante todos estos años, hemos trabajado por la búsqueda de un objetivo común: incorporar la igualdad de género en el cooperativismo y, al mismo tiempo, trabajar para que la mujer rural juegue un papel más activo en las cooperativas agroalimentarias.

Hemos desarrollado acciones a través de programas operativos, registros retributivos de género, auditorías retributivas, protocolos frente al acoso, impartido formación sobre liderazgo, motivación, etc, Todo ello para promover el liderazgo y participación femenina, verdaderas líderes en el mundo rural, que deben ser motores de cambio y evolución en el cooperativismo agroalimentario del siglo XXI.

Más de 70 planes de igualdad

Nuestro compromiso tangible pasa por haber implantado un total de 68 Planes de Igualdad en cooperativas de primer grado, dos en cooperativas de segundo grado. A ellos se suman tres nuevos planes realizados este año y dos más en curso en cooperativas castellano-manchegas.

La presencia de mujeres socias aumenta un 24%

Fruto de ello, en los últimos 10 años, se ha incrementado el número de mujeres en el cooperativismo agro-alimentario regional en más de 11.000 personas (un 24%). Así, en 2020, según datos del Observatorio Socioeconómico de Castilla-La Mancha (OSCAM), el número de mujeres socias en las cooperativas eran 44.381, de un total de 159.942 cooperativistas.

Esto ha tenido una traslación en el continuo proceso de incorporación de mujeres a los puestos de toma de decisiones. En los últimos 10 años se han incrementado en 202 las mujeres en los consejos rectores. Hoy por hoy, representan el 10,1% de las personas que conforman los consejos rectores de las cooperativas de Castilla-La Mancha.

Un tercio de los empleos en la empresa cooperativa son de mujeres.

En cuanto al empleo femenino, los datos siguen mostrando que la mujer representa 1/3 parte de los puestos de trabajo en las cooperativas de primer grado. Los puestos están muy ligados a labores de administración y perfiles de carácter técnico. Ocurre algo similar para las cooperativas de segundo grado.

Actualmente, en las cooperativas de Castilla-La Mancha, hay 26 mujeres que asumen la presidencia y 23 que asumen la función de gerencia. Los datos del Cooperativismo Agroalimentario de España muestran que las cooperativas de Castilla-La Mancha tienen el 27% de las mujeres consejeras de todo el país, seguidas de Andalucía con al más del 21%.

Desde nuestra organización, queremos dar ejemplo de esta dinámica. Así, nuestro Consejo Rector está integrado en más de un 40% por mujeres, siendo punta de lanza como organización en el cumplimiento del Estatuto de las Mujeres Rurales.

Queda un largo camino aún por recorrer pero que conseguiremos si vamos de la mano para dar respuesta a la necesidad de igualdad de una sociedad avanzada como la nuestra. Seguiremos trabajando desde las cooperativas agroalimentarias a través de hechos y compromisos.

Eso es lo que puede ocurrirnos en Castilla-La Mancha si las cosas no cambian de aquí a finales del año. Es evidente que, en la recta final de la negociación de la PAC, nos estamos jugando mucho todos los agricultores y agricultoras y ganaderos. A nivel europeo, las bases están claras: una PAC más verde, más medioambiental y menos alimentaria. En España, se acabaron las contemplaciones y ahora toca arremangarse. Las espadas están en alto entre todas las comunidades autónomas, unas por mantener sus privilegios históricos y otras porque se haga justicia de una vez por todas y la convergencia sea, por fin, una realidad.

Ligero avance.

Está claro que muy mal se tenía que dar para que no mejoremos algo en la región respecto al periodo anterior, pues partíamos de los puestos más bajos de la clasificación. Pero lo triste es que, de nuevo, tendremos una convergencia “a medias”, que mantendrá las diferencias territoriales, ya no entre 50, pero sí entre 20 regiones agrarias diseñadas en los despachos y buscará contentar a las regiones que tienen los pagos por hectárea más altos, en detrimento de regiones como Castilla-La Mancha que tiene los pagos medios más bajo de toda España, solo por detrás de la Comunidad de Madrid.

Por este motivo desde Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha, junto a ASAJA, UPA y COAG Castilla-La Mancha hemos mostrado nuestra posición firme y unánime en contra de la propuesta que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha trasladado a las comunidades autónomas en la última Conferencia Sectorial del pasado mes de julio.

¿Producir más con menos?

Pero mientras en los pagos del primer pilar de la PAC se mantienen desigualdades entre unos agricultores y otros; sin embargo, cuando de exigencias medioambientales hablamos, aquí sí que somos todos iguales ante la ley.

Si seguimos así, habrá “Mesa” pero no “Granja”

Una vez más, parece que Europa rema en contra de sus propios intereses y señala injustamente a los verdaderos valedores del medio ambiente, que son los agricultores y ganaderos, como culpables del cambio climático y de los males del mundo. Con el Pacto Verde, la estrategia de la Graja a la Mesa y la estrategia por la Biodiversidad, se prevé un aumento de la producción ecológica, una reducción del uso de productos fitosanitarios, plaguicidas y fertilizantes, unido a una reducción de dotaciones de riego y, en general, la intensificación de la condicionalidad medioambiental. Todo ello y más, afectará por igual a todos los agricultores y ganaderos estén donde estén. Y frente a ello, una previsión de 10.000 millones de bocas que alimentar en el mundo en el 2050. Algo no cuadra, producir más con menos es imposible y a los agricultores no les salen las cuentas. Si seguimos así, habrá “Mesa” pero no “Granja”.

Esperemos que el sentido común triunfe y busquemos el deseado equilibrio entre la sostenibilidad medioambiental y la sostenibilidad económica y social, pues sino la balanza caerá como siempre del lado más débil y, sí, seremos verdes, pero pobres.

Placa al Mérito Regional de Cooperativas Agroalimentarias Castilla-La Mancha

Y mientras que nos debatimos en estas cuestiones de máxima trascendencia para el futuro de nuestra agroalimentación, queremos aprovechar desde esta ventana editorial para compartir con todos y cada uno de los 160.989 socios y socias cooperativistas de Castilla-La Mancha la Placa al Mérito Regional que recibíamos la organización del Gobierno de Castilla-La Mancha, el pasado Día de la Región.

Gracias y enhorabuena a las más de 450 cooperativas castellano-manchegas, en un año tan especial, de pandemia, en el que han demostrado estar en primera línea de batalla frente a la COVID-19 y donde  en ningún momento la cadena alimentaria se ha colapsado o se ha resentido, sino todo lo contrario, demostrando que incluso en situaciones extremas, la profesionalidad de las empresas cooperativas y de sus socios y socias han superado obstáculos como los conocidos por todos en el último año. ¡¡Enhorabuena, la Placa al Mérito Regional es vuestra!!.

 

Artículo de Opinión

Julio Bacete

Vicepresidente y portavoz de la Comisión de Agua de Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha

Ajo y agua

En lugares y comarcas agrícolas como es la cuenca alta del Guadiana y en cultivos tan sociales y arraigados como es el ajo, una planificación hidrológica alejada de la realidad social y una inadecuada gestión de un recurso escaso como lo es el agua, está provocando la desaparición de explotaciones agrarias que durante décadas han sido un modo de vida y motor de generación de riqueza, empleo y fijación de la población en nuestra región. A casi nadie parece importarle, pero alguien se ha preguntado ¿qué pasará si este cultivo desaparece?

Ante este problema  las organizaciones agrarias castellano-manchegas Asaja, Upa y Coag, junto a Cooperativas de Castilla-La Mancha, han levantado la voz y han pedido conjuntamente y de manera unánime a las autoridades competentes que se pongan urgentemente medidas concretas y decisiones valientes para llevar a cabo los cambios de necesarios en la legislación de aguas que ayuden a mantener un cultivo estratégico para nuestra región como es el ajo, en el que Castilla-La Mancha es líder nacional indiscutible y que genera al año en la región más de 10.500 empleos directos en las diferentes zonas de producción, además de miles y miles de jornales indirectos más.

Porque las normas tienen que adecuarse a la realidad social y no al revés

Según el “Estudio sobre el consumo del agua en el ajo” realizado por Cooperativas Agroalimentarias Castilla-La Mancha, en colaboración con la Mesa Nacional del Ajo, se ha demostrado la rentabilidad del agua en este cultivo  tiene unos con unos consumos inferiores a otros cultivos y una rentabilidad notablemente superior.

Aun así, las administraciones públicas miran a otro lado, especialmente la Confederación Hidrográfica del Guadiana, que acumula injustificados o justificados por falta de personal, retrasos en la tramitación y resolución de miles de expedientes que están desde hace años en sus estanterías, mientras aumenta cada vez más la presión sancionadora sobre los agricultores que viven y trabajan cada día con más miedo.

Las Opas y Cooperativas pedíamos recientemente medidas lógicas que solucionarían una parte importante de los problemas y limitaciones que ahora sufre este sector, tales como que se permita (con resolución expresa) el agrupamiento de las autorizaciones de 7.000 m3/ha, para poder mejorar las opciones del agricultor que sea titular de más de un aprovechamiento de estas características o que las autorizaciones puedan pasar temporalmente al regadío de parcelas arrendadas. Reclamaciones hechas desde hace muchos años para un cultivo social como el ajo por parte del sector.

Hay que tomar esta y otras muchas más decisiones valientes, pero hay que tomarlas ya. Y una de ellas pasa por dejar de mirar a otro lado desde los despachos, y bajarse a pie de campo. Pasear por localidades repartidas por las comarcas del centro de la región y ver como esta gran fuente de riqueza para la región, puede dejar de serlo por una normativa que se aleja de las necesidades de la sociedad y que, de no cambiar, aboca a la pérdida de rentabilidad de este cultivo. 

Los esfuerzos deben ser conjuntos. Jamás el agricultor se ha negado ni se negará a optimizar y gestionar eficientemente un recurso tan preciado para él como es el agua. Ni trabaja para ser sancionado, ni riega por capricho. Simplemente riega para cultivar, para producir los alimentos que todos, día a día, queremos ver en los lineales de las tiendas de alimentación. Por eso hemos de caminar juntos administración y administrados para dar soluciones sensatas a los problemas que sufren nuestros agricultores, esos que hace poco tiempo considerábamos esenciales y héroes de nuestra sociedad.

Importancia socioeconómica del ajo

Dentro de la Unión Europea, España es el principal país productor de ajo (57% de la producción europea) con una producción en 2019 de 271.353 toneladas y una superficie de 27.348 has. dedicadas a este cultivo.

La principal zona de producción de ajo en España es Castilla La Mancha, que actualmente cuenta con unas 19.150 hectáreas cultivadas, seguida de Andalucía con 4.940 ha, Castilla y León con 1.740 ha, Madrid con 810 ha y Extremadura con aproximadamente 500 ha. Por provincias, destacan las provincias de Cuenca, Albacete y Ciudad Real.

Ramón Armengol, Presidente de la Cogeca

En febrero el vicepresidente ejecutivo y comisario de Comercio, Valdis Dombrovskis, presentó una comunicación de suma importancia para el sector agrícola europeo: la revisión de la política comercial de la Unión Europea.

A mi entender, esta importante noticia merecería tanta atención como el de sobra conocido Pacto Verde que dirige el vicepresidente Frans Timmermans. De hecho, del mismo modo que el Pacto Verde constituye un pilar de la futura política agrícola de la Unión, la revisión de la política comercial constituye el otro pilar fundamental para que nuestro modelo de agricultura funcione sin tambaleos. La mayoría de los comentarios acerca del Pacto Verde suelen obviar un hecho esencial: no se puede entender el modelo de agricultura de la Unión Europea sin tomar en consideración la faceta del comercio internacional. Los agricultores europeos y sus cooperativas conocen a la perfección los microefectos que provocan las macropolíticas comerciales, como el embargo ruso o el conflicto por Airbus y Boeing.

Al igual que ocurre con las piernas cuando corremos, es fundamental que ambos elementos avancen coordinados y con igual determinación y ritmo, ya que cualquier incongruencia puede terminar en caída. Hasta aquí, los comunicados del comisario Dombrovskis pretenden ser tranquilizadores y demostrar que el Ejecutivo de Bruselas comprende que lo que  se  juega nuestra agricultura no es baladí; de ahí que proponga elaborar normas de referencia para un crecimiento sostenible e intente modelar las normas internacionales acomodándolas al Pacto Verde Europeo. Sin embargo, nos hallamos todavía en la fase de declaraciones.

Se avecinan muchas incoherencias. Pese a los esfuerzos realizados recientemente en materia de comunicación, nadie sabe a ciencia cierta qué repercusiones tendrá el Pacto Verde en la esfera comercial ni cómo afectará a los precios del mercado, la renta agrícola y la seguridad alimentaria. Hay quien se pregunta si la Comisión puede garantizar que las importaciones provenientes de países terceros cumplen, en la fase primaria, con todas nuestras mismas normas de producción. Hay quien se  pregunta si los agricultores de países terceros retirarán de la producción el 10 % de las tierras agrarias, tal y como se les exige a los agricultores de la Unión Europea mediante el Pacto Verde. En ambos casos la respuesta es no, porque no estaría en consonancia con nuestros compromisos internacionales ni las directrices de la OMC.

Es necesario que se incluyan los objetivos del Pacto Verde Europeo en la política comercial de la UE y que se tenga en cuenta la realidad comercial dentro del Pacto Verde.

El Copa y la Cogeca apoyan desde siempre tanto el comercio intracomunitario (UE) como con terceros países. No ignoramos que de los 44 millones de puestos de empleo vinculados a la actividad de la cadena agroalimentaria, cerca de 6 millones están directamente vinculados con las exportaciones. Cada operación de exportación por valor de mil millones de euros equivale a la creación de 16 000 puestos de trabajo en la UE. De hecho, las exportaciones agroalimentarias representan casi una tercera parte de toda la balanza comercial neta de la Unión Europea. En la era pospandemia de COVID-19, nuestro comercio se debe cimentar en normas equilibradas, equitativas y transparentes para evitar cualquier desequilibrio de la competencia.

Y la mejor vía de asegurar este enfoque es a través de los acuerdos comerciales multilaterales. Coincido con la revisión comercial de la UE en que la forma más idónea de afianzar los siguientes principios es mediante una OMC reformada, algo por fin imaginable gracias al cambio de orientación de la Administración estadounidense. Apoyamos nuevas ideas acerca de las disciplinas del comercio internacional, por ejemplo, en lo relativo al mecanismo de ajuste del carbono en frontera, el medio ambiente y el buen funcionamiento del órgano de resolución de diferencias. Sería recomendable establecer una base común con nuestros aliados en materia de seguridad alimentaria, sostenibilidad y clima. En concreto, con el fin de integrar el Acuerdo de París en el sistema de comercio con mecanismos de cumplimiento claros. Si bien hemos sido capaces de establecer en determinados ámbitos una posición común con nuestros socios comerciales a través de los acuerdos bilaterales, sin un marco de la OMC suficiente, el sector sigue enfrentándose a una serie de desafíos.

En lo que respecta a futuros acuerdos comerciales bilaterales, la Comisión intenta apaciguar los temores proponiendo que se incluya en todos los futuros acuerdos «un capítulo sobre los sistemas alimentarios sostenibles». Esto debería ser un factor «no negociable» en el marco de las negociaciones de libre comercio. Pero además, cabría preguntarse: ¿bastará este capítulo para garantizar que nuestros futuros acuerdos comerciales son coherentes con los principios del Pacto Verde? En mi opinión, será difícil supervisar de manera efectiva las restricciones y obligaciones a las que están sujetos los productores europeos y tendremos que actuar con extremada cautela.

La agricultura europea posee una capacidad de resistencia suficiente para adaptarse al Pacto Verde, siempre y cuando esta política no funcione como un mecanismo de dumping medioambiental.

La agricultura de la Unión Europea es una de las más avanzadas en lo que respecta a su compromiso con el clima y el medioambiente; y atisbamos la senda por la que podría seguir para alcanzar las metas del Pacto Verde. Somos y seremos los primeros en sufrir las consecuencias del cambio climático. En la comunidad agrícola no hay negacionistas del cambio climático; todos intentamos tomar medidas en nuestras explotaciones y cooperativas. No obstante, para que nuestra voluntad se traduzca en acciones, necesitamos capacidad para invertir en los recursos necesarios. Y aquí es donde la revisión de la política comercial de la Unión Europea podría resultar tan decisiva como el Pacto Verde.

Uno de los principales riesgos a los que tendrá que enfrentarse nuestro sector agrícola como consecuencia del Pacto Verde Europeo es el dumping de los países que voluntaria o involuntariamente avanzan más despacio en la puesta en práctica de una agricultura más ecológica. Esto podría provocar la relocalización de nuestra agricultura a otros rincones del planeta con normas menos estrictas y poner en riesgo nuestra seguridad alimentaria. Mientras tanto, en Europa el resto de los agricultores se verán acorralados contra un muro. Por una parte, el Pacto Verde requerirá inversiones suplementarias para elevar nuestras normas de sostenibilidad. Por la otra, el acceso acumulativo que los más de 60  acuerdos  comerciales ofrecen a los productores de países terceros (que no siempre cumplen con nuestras mismas normas de producción) seguirá presionando los precios a la baja.

A mi entender, el problema principal en el corto plazo reside en lo que la Comisión Europea llama modestamente «la amplia red de acuerdos comerciales bilaterales». Esta estrategia ha resultado tener efectos positivos para algunos sectores como el vino o el aceite de oliva, que son especialmente esenciales en las regiones de producción. Sin embargo, al conceder a terceros países que no comparten nuestra ambición ecológica acceso al mercado de sectores sensibles, el efecto acumulado añadirá una gran presión a los agricultores de la Unión Europea, quienes verán profundamente mermada su capacidad de invertir en nuestros recursos naturales, en detrimento de los objetivos del Pacto Verde. Así lo reconocía recientemente el Centro Común de Investigación en su último informe sobre la política comercial de la UE, en el que se concluía que la carne de vacuno, de ovino y de ave de corral, además del azúcar y el arroz, se deben considerar productos sensibles en todas las negociaciones comerciales. Pero paralelamente, la Comisión Europea propone reducir el consumo de ciertos productos agrarios.

Cualquier decisión en el marco del Pacto Verde o de nuestra política comercial debe estar sometida a una evaluación del impacto rigurosa. Está en juego el futuro de nuestra agricultura.

No puedo concluir sin mencionar lo inmencionable: el tratado comercial entre la UE y el Mercosur. En sus cimientos mismos, este acuerdo podría generar una situación de competencia inaceptable para algunas partes de la comunidad agrícola de la UE. El Pacto Verde Europeo, además, amplía esta brecha. Si la Unión Europea sigue adelante con el Pacto Verde sin velar por mantener la productividad y la competitividad de nuestra agricultura, estará poniendo en tela de juicio el fundamento de nuestros acuerdos comerciales en vigor. Nos complace seguir capitaneando la lucha en favor de una agricultura más ecológica y más sostenible en Europa pero no tenemos ninguna ambición de acabar siendo los mártires de esta historia.

Por eso necesitamos una evaluación del impacto exhaustiva sobre el Pacto Verde y la normativa conexa. Sin ello, navegaremos todos completamente a ciegas. Si no identificamos de antemano los ángulos muertos, socavaremos todos nuestros esfuerzos por que la aplicación del Pacto Verde sea un éxito y por preservar el modelo de agricultura de la Unión Europea. Desde hace décadas, la sociedad civil exhorta a los responsables políticos de la UE a llevar a cabo una evaluación del impacto exhaustiva sobre las políticas comunitarias de mayor relevancia. ¿Por qué motivo debería quedar exento de ello el Pacto Verde, sabiendo todo lo que está en juego?

Por Ángel Villafranca, presidente de Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha

Hoy es un día diferente a otros 8 de marzo de años anteriores, pero no por ello menos significativo e importante para nuestra sociedad. A pesar de la pandemia que condiciona nuestras vidas, hoy conmemoramos con la misma intensidad que siempre el día internacional de todas las mujeres del mundo, conscientes de que mucho es el camino recorrido, pero aun largo el que aún nos queda por recorrer hasta lograr la plena igualdad de género en nuestra sociedad.

Desde Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha llevamos más de una década dando pasos firmes para dar la mayor visibilidad posible y poner en valor el papel que juegan las mujeres en nuestro medio rural y en el sector agroalimentario regional. Más en concreto, para lograr que la mujer tenga el protagonismo que merece en la vida orgánica de las cooperativas agroalimentarias de la región de manera que los órganos de gobierno con que cuentan las mismas sean una imagen fiel de la estructura social que compone la cooperativa y, de esta manera, se aproveche todo el talento, las opiniones, inquietudes y sensibilidades de hombres y mujeres.

Las cooperativas agroalimentarias castellano manchegas juegan un papel fundamental en el desarrollo y la sostenibilidad del medio rural en que se asientan, así como en el mantenimiento de la población de nuestros pueblos, pues no en vano agrupan a más de 161.000 socios directos, lo que equivale a una población familiar vinculada a las cooperativas de más 600.000 personas en una región de poco más de 2.000.000 de habitantes.

Las mujeres cooperativistas

De ese colectivo de cooperativistas, un 24% son mujeres socias con un incremento significativo en los últimos años, hasta superar las 33.000 socias, siendo igualmente significativo (aun partiendo de datos muy bajos) el incremento de mujeres consejeras hasta llegar actualmente a un 9% del total de componentes de los consejeros rectores de las cooperativas y sociedades agrarias de transformación.

La igualdad de oportunidades en las cooperativas agroalimentarias es un medio más para aumentar la productividad mediante la atracción y retención del talento; la mejora del clima laboral favoreciendo el trabajo en equipo y el compañerismo; la mejora del potencial de desarrollo profesional, el establecimiento de nuevos modelos de liderazgo o el fomento de la innovación empresarial.

Así mismo, es un apoyo a la competitividad de las empresas cooperativas mejorando la imagen de marca, la calidad de los productos y los efectos positivos sobre su Responsabilidad Social Corporativa. La diversidad de género amplía las posibilidades de captar nuevos clientes, mejora la reputación de la empresa como entidad empleadora, facilita la adquisición de capital humano, atrayendo talento, incorporando nuevos conocimientos, nuevas sensibilidades y en definitiva nuevos valores que hacen de la cooperativa una empresa más rica y plural.

Felicidades a todas las mujeres de nuestra región, gracias por estar ahí.

Ángel Villafranca, presidente de Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha

OPINIÓN| Por Juan Miguel del Real Sánchez-Flor, director de Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha 

Durante estos últimos meses, venimos escuchando muchas opiniones sobre la situación del sector vitivinícola nacional y sobre si la crisis de mercado que actualmente sufre el mismo, responde a motivos estructurales o, más bien, coyunturales provocados por la crisis sanitaria mundial que vivimos. Más en concreto, muchos sabios oportunistas dirigen su mirada a la principal región productora de uva y vino del mundo, Castilla-La Mancha, como responsable de todos los males que actualmente sufre el mercado del vino.

Ni Castilla-La Macha tiene la culpa de nada, ni existe un problema estructural en el sector del vino. Históricamente, el mercado del vino ha tenido altibajos en sus precios en función de numerosas variables que, según afecten a unos u otros, nos hacen tocar el cielo unas campañas o sufrir el mayor de los infiernos en otras. Variables tales como el volumen de producción de España en comparación con la de otros países productores, el aumento o descenso del consumo de vino en el mundo o la presencia de aranceles y barreras comerciales, provocan que en cada campaña se produzcan mayores o menores desequilibrios entre la oferta y la demanda que tienen reflejo en los precios de la uva y el vino.

Pero no nos engañemosesto que ocurre en el vino también ocurre de la misma manera en otros sectores agroalimentarios, sin que nadie se rasgue las vestiduras. Todos recordamos crisis en el sector lácteo, en el sector del aceite de oliva, en los cereales, en el vacuno, en el porcino o en los cítricos; periodos de crisis que han venido seguidos de otros periodos de bonanza a consecuencia de cambios de tendencia en los mercados. En ninguno de esos casos, se oye que haya que quitar superficie de cultivo, arrancar olivos, eliminar cabezas de ganado o reducir los rendimientos de cada parcela de naranjos. Sin embargo, curiosamente, siempre que se agudiza la crisis en el mercado del vino, hay voces -de quienes seguramente no tienen viñas- que se atreven a pedir, a exigir, la reducción de superficie de viñedo o la limitación de rendimientos de uva de aquellas explotaciones que son capaces de llegar a su mayor nivel de eficiencia productiva con un adecuado manejo del cultivo.

No es cuestión de empeño sino de objetividad entender lo que está ocurriendo en el sector vitivinícola desde el pasado marzo de 2020. No hay duda de que es la coyuntura provocada por la irrupción de la pandemia de la COVID-19, la que ha provocado de un día para otro, sin previo aviso, una caída del consumo absolutamente desconocida en las últimas décadas, con desplome radical del turismo, cierre de hoteles, bares, restaurantes, colectividades, eventos y congresos, todo ello aderezado con toques de queda y confinamientos domiciliarios, que, por ende, han provocado una crisis económica de gran calado. Con estos mimbres, es evidente que se produce un inaudito desequilibrio entre la oferta y la demanda en el mercado del vino nacional, europeo y mundial sin precedentes. En esta coyuntura tan extraordinaria, las soluciones tienen que ser extraordinarias y el presupuesto… díganlo ustedes.

Pero más allá de los devastadores efectos de la crisis sanitaria, el resto de variables que afectan al sector vitivinícola son los de todos los años. Campañas buenas y malas, grandes y pequeñas, con heladas o pedriscos, con lluvias abundantes o sequías y siempre con las habituales tensiones entre los operadores de la cadena vitivinícola. En definitiva, las mismas variables de todos los años, pero que ponderan de diferente manera en cada campaña en función de las circunstancias que concurran, favoreciendo unas veces al productor y otras al industrial. ¿De qué nos asustamos a estas alturas?

Y en ese entorno, Castilla-La Mancha es y será la de siempre, la mayor región vitivinícola del mundo, con 453.000 hectáreas de viñedos, la mitad de ellos reestructurados tanto con variedades autóctonas como mejorantes; con un alto nivel de mecanización; disponiendo de una gran diversidad de suelos y un clima favorable al cultivo, con agricultores cada vez más profesionalizados y con un tejido industrial cuyas infraestructuras superan tecnológicamente al resto de bodegas del mundo, logrando ser una región vitivinícola competitiva y capaz de dar respuesta a todas las necesidades comerciales de nuestros clientes a nivel mundial y en todos los segmentos de mercado.

Nuestro volumen de producción medio en años considerados “normales”, supera los 25 millones de hectolitros de vino y mosto, esto es, entre el 55-60% (según campaña) de lo que se produce en el conjunto del resto de regiones vitivinícolas de España. Nuestros rendimientos medios por hectárea en el periodo comprendido entre 2008 y 2020 se sitúan en los 6.961.-kg/ha para el conjunto de la región, muy por debajo a otros países productores del mundo (por ejemplo, de Italia o Francia). Sin embargo, este volumen de producción constante nos permite ser líderes en la comercialización de vinos a granel especializados y servir de materia prima para elaboradores de vinos tranquilos y espumosos, vinagres, bebidas espirituosas, alcoholes (de uso de boca, industriales y sanitarios), elaboración de mostos de todos los colores y sabores con los que se elaborar zumos, dulces y otros alimentos procesados de alta gama. Si no existiésemos, se nos tendría que inventar, así de claro.

Pero también somos líderes en envasado a nivel nacional, con casi 600 millones de litros en botellas y otros envases, la gran mayoría acogido a una de las diez indicaciones geográficas/denominaciones de origen y 8 pagos vitícolas con las que cuenta nuestra región, ofreciendo una gama de vinos amplia y diversificada, desde vinos “premium” dirigidos a los nichos de mercado más exigentes, pasando por vinos innovadores y diferenciados y, por supuesto, con una amplia lista de vinos de una inigualable relación calidad-precio que ganan mercado año tras año y que obtienen el reconocimiento del máximo protagonista de toda la cadena vitivinícola: el consumidorun consumidor cada vez más maduro, informado y sin complejos que día tras día elije y prefiere nuestros vinos. Sabemos que esto preocupa a otras regiones vitivinícolas, pero este proceso es imparable, pese a quien pese.

Un sector vitivinícola castellano-manchego que ha sabido adecuarse a los nuevos tiempos y adoptar decisiones pioneras a nivel nacional y europeo poniendo en marcha medidas de autorregulación voluntarias, proponiendo normas de comercialización, generalizando el pago diferenciado por calidad y ajustando su potencial productivo a las exigencias de calidad que exigen los mercados, en definitiva, asumiendo nuestra responsabilidad en nombre de la salvación del sector. Pero todo tiene un límite. Castilla-La Mancha no va a aceptar por más tiempo que se nos etiquete como la tierra pobre del vino, ni que desde fuera se nos impongan o sugieran reducciones de rendimientos, arranques de viñedo o limitaciones de riego en aquellas explotaciones que cuentan con derechos de agua (a nosotros no se nos ocurriría pedir que dejen de regar los productores de arroz, de tomate o de maíz) y, por supuesto, no vamos a sentirnos culpables o acomplejados de nada de lo que somos desde hace décadas.

La viticultura española es diversa y compleja, y así tenemos que aceptarla. Y dentro de ese mapa nacional, Castilla-La Mancha es un país en sí mismo con su propio modelo productivo vitivinícola del que nos sentimos orgullosos y que no pretendemos cambiar. Un modelo productivo que ha permitido la convivencia de las diversas zonas productoras que internamente existen en Castilla-La Mancha, conscientes de que, si nos va bien a unos, nos va bien a todos.

Que nadie dude que la vitivinicultura de Castilla-La Mancha seguirá invirtiendo para ser aún más eficiente, más competitiva, seguir ganando mercados de valor y satisfacer los gustos de todo tipo de consumidoresmejorando para ello la dimensión de nuestras empresas cooperativas y creando estructuras comerciales cada vez más potentes con las que ganarles los mercados a los demás competidores tal y como lo ordenan las leyes de la empresa, faltaría más. Y, por supuesto, estando orgullosos de lo que somos, la mayor y más competitiva vitivinicultura del mundo, que crea riqueza en el medio rural, mantiene población y crea empleo. El vino en Castilla-La Mancha es y seguirá siendo historia, cultura, tradición, pero también futuro.

Ahora toca que las administraciones estén también a la altura y pongan sobre la mesa medidas y presupuestos extraordinarios suficientes para una situación tan excepcional y coyuntural como la que ahora nos toca vivir y que, esperemos, pase pronto.

¡Salud para todos desde la tierra del vino!