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El nombramiento de Toledo como Capital Europea de la Economía Social se acordó el pasado 28 de mayo en la reunión del Comité de Monitoreo de la Declaración de Luxemburgo, compuesto por 16 Gobiernos de la UE comprometidos con la Economía Social. Toledo tiene como objetivo reforzar los trabajos ya desarrollados por las anteriores capitales Europeas de la Economía Social, Madrid 2017, Maribor 2018 (Eslovenia) y Estrasburgo 2019 (Francia) con el reto de visibilizar y potenciar la Economía Social Europea.

La Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES), www.cepes.es como patronal de la Economía Social, será un aliado estratégico del Gobierno de España para que la capitalidad de Toledo sea un referente internacional en Economía Social.

El nombramiento de Toledo como Capital Europea de la Economía Social se acordó el pasado 28 de mayo en la reunión del Comité de Monitoreo de la Declaración de Luxemburgo, compuesto por 16 Gobiernos de la UE comprometidos con la Economía Social. Toledo tiene como objetivo reforzar los trabajos ya desarrollados por las anteriores capitales Europeas de la Economía Social, Madrid 2017, Maribor 2018 (Eslovenia) y Estrasburgo 2019 (Francia) con el reto de visibilizar y potenciar la Economía Social Europea.

El acto de presentación de la Capitalidad de Toledo se celebró en la Sala Capitular del Ayuntamiento de Toledo y participaron la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz; la consejera de Economía, Empresas y Empleo de Castilla-La Mancha, Patricia Franco, y la alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón.

El presidente de CEPES, Juan Antonio Pedreño, destacó en este acto “la importancia de la Capitalidad de Toledo, ya que permitirá reforzar a nivel europeo el liderazgo internacional de España en Economía Social, en un año en el que además trabajaremos con Social Economy Europe, para que el Plan de Acción Europeo de la Economia Social esté listo para ser aprobado en el 2021”. Pedreño confirmó que se trabajará estrechamente con el Gobierno de España, el Gobierno de Castilla la Mancha y el Ayuntamiento de Toledo, para el desarrollo del ambicioso plan de actividades programado para los próximos meses, trabajos con los que se contará con Social Economy Europe y la RED Euro mediterránea de la Economía Social”.

La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, afirmó que “la capitalidad de Toledo sitúa a la Economía Social como columna vertebral en un momento decisivo tras la crisis provocada por el Covid-19. Supone un motor de transformación basado en las personas”. Díaz destacó el compromiso internacional que asume el Gobierno de España con esta capitalidad, tomando el relevo de otras ciudades europeas.

Díaz añadió que “la Economía Social no solo es parte de la solución para la recuperación, tras la crisis sanitaria, sino un pilar imprescindible de la construcción europea y de una obligada innovación social”. Durante el acto, “se presentó el logotipo de la Capitalidad de Toledo, que será la imagen de las numerosas actividades previstas tanto a nivel local, autonómico como internacional que permitirá difundir este modelo empresarial e futuro, objetivo primordial de la presidencia española”.

Durante su intervención, la ministra destacó el papel importante que juega CEPES “auténtico compañero de viaje en la tarea de visibilizar e impulsar este modelo empresarial”.

La alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, mostró su satisfacción por el anuncio de Toledo como capital europea de la Economia Social, “hecho que constituye un rayo de esperanza por la oportunidad que supone no solo para la ciudad, sino por la apuesta por la Economía Social tan importante en estos momentos y que además es un gran músculo económico y social que dinamiza el territorio”. Toldón mostró su absoluto compromiso por situar a Toledo a la bandera de la Economía Social Europea.

La consejera Patricia Franco agradeció públicamente al Gobierno de España por situar a Toledo en la agenda internacional de la Economía Social, un sector potente en Castilla-La Mancha. Franco expuso las numerosas medidas e iniciativas de su Gobierno para apoyar y potenciar este modelo de empresas. Durante su intervención anunció la Elaboración del Libro Blanco de la Economía Social en la Comunidad y también la elaboración de un Plan Estratégico de la Economía Social.

Artículo de Opinión. 

Gabriel Cabello, presidente del sector Aceituna de Cooperativas Agro-alimentarias de España.

Rafael Sánchez de Puerta, presidente del sector Aceite de Oliva de Cooperativas Agro-alimentarias de España.

España ha conseguido posicionarse a lo largo de las últimas décadas como claro líder mundial en producción y comercialización de dos de nuestros productos alimentarios más emblemáticos, el aceite de oliva y la aceituna de mesa.

Todo un logro fruto del trabajo y sacrificio de uno de los sectores, el olivarero, con mayor importancia social, económica y ambiental de nuestro país, que ha apostado firmemente por asegurar e incrementar progresivamente la calidad de sus producciones, que ha mejorado su eficiencia para ganar competitividad en los mercados, y que gracias también a las importantes inversiones que ha realizado, ha conseguido estar presente en todos los rincones del mundo.

Uno de esos “rincones” es Estados Unidos, nuestro principal mercado fuera de la Unión Europea. Un país con más de 300 millones de habitantes, con una población cada vez más sensibilizada hacia hábitos de vida y una alimentación más saludable, donde los productos vinculados con la dieta mediterránea, y, en particular, los originarios de España, han ido ocupando progresivamente un mayor espacio en los hogares de los consumidores.

Gracias a nuestro “know-how” y las potentes inversiones en campañas publicitarias, el sector olivarero español se ha posicionado como líder absoluto en el mercado estadounidense, desbancando a otros países que tradicionalmente han ostentado esa posición, como es el caso de Italia en el aceite de oliva.

Sin embargo, asistimos desde 2018 a graves conflictos comerciales entre Estados Unidos y la Unión Europea, y en particular España, que han dado al traste con todo el esfuerzo y trabajo realizado.

Llegaron primero los aranceles a la aceituna negra española, un 35% ni más ni menos, que debilitaron enormemente al sector al reducir de forma sustancial su cuota de mercado en favor de otros países competidores. Los elevadísimos costes derivados de la contratación de abogados para la defensa legal del sector durante todo el proceso fueron asimismo sufragados en su totalidad por la asociación de exportadores de aceituna de mesa nacional, Asemesa, junto con sus empresas miembro, sin que lamentablemente existiera apoyo económico alguno por parte de las administraciones europeas ni españolas.

Por si fuera poco, durante 2019, y en esta ocasión a raíz de un litigio entre una compañía aeronáutica estadounidense, Boeing, y otra europea, Airbus, (consorcio de fabricantes procedentes de cuatro estados miembro de la Unión Europea entre los que se encuentra España, con una participación del 5%), la Organización Mundial de Comercio determinó que las ayudas percibidas durante años por Airbus no se enmarcan dentro de las normas de comercio internacional, es decir, eran ilegales, y dio luz verde a Estados Unidos para que aplicara represalias a la Unión Europea por el daño causado.

El 18 de octubre Estados Unidos publicó una lista de productos sobre los cuales aplica aranceles una vez entren en territorio norteamericano. La frustración es mayúscula, el aceite de oliva envasado y la aceituna verde y semiprocesada origen España son, en esta ocasión, dos de los sectores más perjudicados, soportando a partir de esa fecha unos gravámenes adicionales que esta vez se sitúan en el 25%. El sector agroalimentario paga incomprensiblemente los platos rotos de un conflicto aeronáutico, sin que nuevamente reciba apoyo económico compensatorio alguno.

 Las consecuencias son claras y dramáticas: pérdida de competitividad, deslocalización de empresas, incremento de las importaciones en España y, en definitiva, un hundimiento de precios en origen que deja al sector olivarero en peligro de extinción.

 Nos enfrentamos ahora a una nueva revisión arancelaria por parte de Estados Unidos, en la que su gobierno podría decidir mantener los aranceles, eliminarlos o, por el contrario, aumentarlos incluso hasta el 100% del valor del producto. Nuevas partidas arancelarias, además de las que ya figuraban en la lista, se ven amenazadas, y de nuevo el sector olivarero español (sí, una vez más sólo el español) vuelve a estar en el punto de mira.

El sector olivarero necesita un apoyo político urgente. Un apoyo que no quede en meras palabras, sino en actuaciones concretas. Por eso desde Cooperativas Agro-alimentarias de España solicitamos que el Gobierno de España regularice sus ayudas a la compañía Airbus en cumplimiento de las normas de comercio internacional establecidas por la Organización Mundial del Comercio, que lleve a cabo una actuación política contundente y eficaz ante la Unión Europea con el fin de que se encuentre una solución negociada al conflicto del sector de la aviación civil, que intensifique las relaciones bilaterales con Estados Unidos, y que, en caso de que no prospere la solución negociada, solicite a la Unión Europea que ejecute su plan de represalias contra Estados Unidos, imponiendo aranceles a sus productos.

El sector olivarero español, de importancia capital en nuestro sector agroalimentario, debe contar con el respaldo de su gobierno, quien debe articular inmediatamente, mientras no exista una solución clara a este conflicto, las medidas compensatorias oportunas para garantizar su supervivencia. El empleo que genera el sector del olivar principalmente en las zonas rurales, su aportación a la economía y su valor medioambiental, son razones más que suficientes para apoyarlo de forma contundente.

La crisis en el seno de la Denominación de Origen Valdepeñas vivió este jueves un nuevo capítulo con la demanda por parte del sector productor de acabar con la capacidad de veto de cualquier asociación que forme parte de la Interprofesional, un derecho que actualmente solo ostenta Asevivaldepeñas, a la que pertenece Félix Solís.

Una demanda que los representantes de los viticultores, las organizaciones agrarias Asaja, UPA y COAG y Cooperativas Agro-alimentarias, incluyen dentro de una modificación global de los estatutos que establecen como requisito indispensable para no abandonar la entidad.

El sector productor no asistirá hoy a la reunión de la junta directiva de la DO Valdepeñas, si su presidente, Jesús Martín, no incorpora estas reivindicaciones en los primeros puntos del orden del día. En concreto, según explicó el secretario provincial de Asaja, Florencio Rodríguez, la modificación de los estatutos persigue que ninguna asociación pueda tener más del 40% de los votos de cada sector, y que en caso de que existan dos asociaciones en un mismo sector, cada una de ellas tenga el 50% de los votos, para impedir vetos.


También piden, dentro de la modificación de estatutos, que se abstengan de participar en la deliberación y votación de acuerdos y decisiones, tanto en la junta directiva como en la asamblea general, «las asociaciones o cualquiera de sus operadores representados que tengan conflictos de intereses directos o indirectos con el interés general de la DO Valdepeñas».

Por último, en el escrito registrado en la sede de la Denominación solicitan la eliminación total e inmediata, con efectos desde el 1 de agosto de 2020, de todas las contraetiquetas genéricas para todas las existencias de vino amparadas por la DO Valdepeñas, incluidas las que existen en depósito o almacén, sustituyéndolas por otras específicas de cada uno de los tipos de vino (tradicional, crianza, reserva y gran reserva) conforme al pliego de condiciones.

De no alcanzar un acuerdo sobre estos asuntos antes del 24 de julio, el sector productor reiteró su intención de abandonar la Interprofesional. En este sentido, Rodríguez auguró que será la Consejería de Agricultura la que tendrá que intervenir y convocar elecciones. El dirigente de Asaja defendió la labor de Jesús Martín al frente de la Interprofesional, pero matizó que «hay hechos que hacen pensar que la gestión en los últimos tiempos no se está haciendo bien».

Solo gestión. Los productores abogaron por mejorar la gestión, arreglar aquellas cosas que no se están haciendo bien, «con la cesión de todas las partes», y dejar que las luchas comerciales y las denuncias cruzadas entre los dos grandes operadores de la zona, Félix Solís y García Carrión, «se resuelvan en los tribunales». Hicieron hincapié, en este sentido, que no van contra nadie, «solo a favor de la ley, la normativa, la justicia, la transparencia y la trazabilidad».

Respecto al incremento del rendimiento por hectárea planteado por Martín para la próxima vendimia y que hoy se pretende debatir en la junta directiva, Rodríguez dijo que están abiertos a estudiarlo porque «es bueno para el sector productor, pero también para el comercializador, ya que necesita materia prima para elaborar sus crianzas, reservas y grandes reservas». En este contexto, el dirigente de Asaja, que ejerció de portavoz en la rueda de prensa, valoró las grandes inversiones que están haciendo las bodegas de la zona, pero advirtió que no van a permitir que esas inversiones las paguen los agricultores, «que sean a su costa».

Añadió que se dan todas las condiciones para que sea una vendimia «pacífica», ya que insistió en que a los industriales de la DO Valdepeñas les hace falta materia prima y esa uva que necesitan «se tiene que pagar a precios razonables». «Con solo 22.000 hectáreas tenemos una joya que se tenía que traducir en prestigio y reconocimiento a nivel de precios tanto del vino como de la uva», sentenció.

No es noticia que las mujeres forman parte de uno de los grandes soportes del sector primario. Lo son desde hace años, aunque la mayor parte de las veces no figuren en los papeles.

Pero también es verdad que cada vez son más las que se lanzan a emprender para labrarse un futuro en el campo. El 2 de junio el Boletín Oficial del Estado publica la convocatoria de Premios de Excelencia a la Innovación para Mujeres Rurales, un galardón convocado por el Ministerio de Agricultura que pretende reconocer el trabajo realizado por todas ellas a través de ideas nuevas, excelentes, originales e innovadoras realizadas por mujeres rurales y actuaciones que reconozcan el trabajo y el papel de las mujeres en el medio rural, así como promover la incorporación e inserción laboral de las mujeres en el territorio.

El plazo para presentar las solicitudes termina en un mes.

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El Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado la puesta en marcha de un nuevo decreto de ayudas destinado a incentivar la contratación de personas desempleadas de la comunidad autónoma para el desempeño de las tareas de recolección en las campañas agrícolas de región, contribuyendo así a garantizar la necesaria mano de obra para estas campañas.

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La Comisión Europea aprueba el proyecto COOPID sobre bioeconomía y MEF4CAP sobre integración de datos.

Dos proyectos participados por Cooperativas Agro-alimentarias de España han sido seleccionados por la Comisión Europea para formar parte del programa Horizonte 2020. Sin duda una apuesta por la organización de cooperativas que ha impulsado desde 2013 la participación en proyectos y que en esta convocatoria ha competido con universidades, organizaciones, empresas y centros tecnológicos de toda la UE.

Cooperativas Agro-alimentarias de España coordinará el proyecto COOPID con un presupuesto de casi 2 millones de euros. Se trata del segundo proyecto H2020 liderado por nuestra organización, después del proyecto de eficiencia energética SCOoPE, que a su vez continúo la senda del proyecto TESLA, también coordinado dentro del programa Energía Inteligente para Europa.

COOPID, desarrollado en colaboración con Innovarum en España, agrupará experiencias en bioeconomía en las que participarán cooperativas y productores de toda Europa, con el objetivo de compartir las claves de su éxito y replicarlos en otros lugares cuando sea posible. El caso elegido en España es la cooperativa El Tejar por su experta gestión de los residuos del olivar y, países como Francia, Italia, Grecia, Bulgaria, Polonia, Austria, Irlanda, Dinamarca y Finlandia, compartirán casos exitosos.

La Comisión Europea también ha resuelto la financiación del proyecto MEF4CAP, liderado por la Universidad de Wageningen y en el que Cooperativas Agro-alimentarias de España presenta dos casos, la bodega cooperativa Cuatro Rayas y la cooperativa de ovino EAGroup, que participarán en una experiencia para integrar de forma armónica la gestión de datos públicos y privados dentro de la cooperativa.

Cooperativas Agro-alimentarias de España impulsa los esfuerzos de las cooperativas europeas en su modernización y en la búsqueda de nuevas oportunidades. Prueba de ello es que además de estos dos proyectos aprobados, otros tres proyectos en los que participa han pasado a la segunda fase de evaluación y se están preparando las propuestas para su examen definitivo en el tercer trimestre del año.

Actualmente, Cooperativas Agro-alimentarias de España ejecuta ya los proyectos H2020, IOF2020, Ship2Fair, Panacea, Magic y Rubizmo. También en el programa PRIMA, una adaptación para el mediterráneo del H2020 con el 4CEMED y en Erasmus+ con el proyecto FIELDS. El objetivo de la organización es seguir apostando por esta participación, ampliando la colaboración con cooperativas innovadoras y sus federaciones territoriales.