Cooperativas agro-alimentarias Castilla-La Mancha Avenida de Criptana, 43 13600 Alcázar de San Juan - Tel: 926545200

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Por fin han finalizado los diferentes procesos electorales a los que hemos sido convocados los ciudadanos para elegir a nuestros representantes a nivel europeo, estatal, autonómico y municipal, y aunque quedan algunas incertidumbres por resolver, lo cierto es que ya tenemos configurados la mayor parte de los equipos de Gobierno que regirán los próximos cuatros años de legislatura.

Así ha ocurrido en nuestra Comunidad Autónoma, en la que ya disponemos de un Gobierno sólido y estable fruto de la mayoría absoluta obtenida en las Cortes de Castilla-La Mancha y que es la expresión de la mayoritaria apuesta de los castellano-manchegos por dar continuidad a las políticas y a las formas de hacer desarrolladas en la legislatura anterior. Desde el cooperativismo agroalimentario regional no nos queda más que dar la enhorabuena al nuevo Gobierno, ponernos a su disposición desde la lealtad institucional que siempre nos ha caracterizado y desearle la mayor de las suertes en la gestión política de los intereses públicos de Castilla-La Mancha. Su suerte será nuestra suerte.

Los próximos cuatro años, claves para el sector

Pero también es el momento de recordarles que ha llegado el momento de ponerse manos a la obra. Los próximos cuatro años serán clave para los intereses de todo el sector agroalimentario, especialmente por lo que respecta a la definición de la próxima Política Agraria Común que llega a la recta final de su negociación.

Hay mucho en juego, tanto por el presupuesto global que finalmente llegue a nuestro país, como también para lograr los objetivos fijados por todos el sector agroalimentario castellano-manchego: conseguir la mayor convergencia posible de los pagos directos que llegan a nuestra región respecto a los que reciben otras regiones de España y de la Unión Europea; lograr la mayor protección de nuestro olivar tradicional, girasol o la ganadería extensiva; disponer de herramientas legales suficientes que, sin entrar en colisión con las normas de la competencia, permitan arbitrar medidas de regulación de mercado que ayuden a controlar las fluctuaciones en los mercados; conseguir una diferenciación positiva para las cooperativas como cauce natural para poner al agricultor en los mercados de valor; y, cómo no, un nuevo programa de Desarrollo Rural que ayude al impulso de nuestro territorio y que sea una herramienta clave para la lucha contra la despoblación de nuestro medio rural.

Agua

También será un periodo clave para las políticas del agua. Por primera vez en la historia de la región, el agua pasa a formar parte de la denominación de una de las Consejerías del Gobierno regional y ello entendemos es consecuencia de su apuesta decidida por conseguir que el agua, utilizada de manera racional y sostenible, sea el verdadero motor de desarrollo económico y social de nuestra región. No hay agricultura competitiva sin agua, no hay industria agroalimentaria sin agua, no hay lucha contra la despoblación sin agua. Y todo ello debe ser compatible con el desarrollo sostenible de nuestra región, claro que sí. Uno de los grandes retos de la nueva Consejería de Desarrollo Sostenible será precisamente lograr el equilibrio entre la sostenibilidad medioambiental, la social y la económica de la región.

Pero todos estos retos y otros muchos más (incorporación de jóvenes, políticas de igualdad de género, etc.) no podemos dejarlos bajo la exclusiva responsabilidad de las administraciones públicas correspondientes. No. Los agentes que conformamos la sociedad civil de esta región y, en especial, los que habitamos en el sector agroalimentario, debemos demostrar nuestra capacidad para generar consensos y acuerdos que faciliten y orienten la labor de nuestros políticos. Ello es posible, lo hemos demostrado hace poco tiempo en aspectos tan importantes para nuestra viticultura como la propuesta de Norma de Comercialización que ha logrado el consenso de las tres organizaciones profesionales agrarias y las cooperativas y que fruto de ello, se ha elevado a instancias estatales para en breve, esperemos, vea la luz. Estamos seguros que en estos próximos cuatro años lograremos grandes consensos en el sector y ello redundará en una mejor defensa de los intereses de nuestros asociados y, por supuesto, ayudará a hacer mejor política a nuestros gobernantes.